Freno a las universidades: denunciaron penalmente a Milei y Caputo por desobedecer una orden judicial

El reclamo tiene su origen en el recorrido parlamentario y administrativo de la normativa durante 2025. El Poder Ejecutivo vetó la ley en septiembre de ese año a través del Decreto 647/2025, pero el Parlamento ratificó su sanción mediante la mayoría calificada de dos tercios. Pocas semanas después, el Gobierno la promulgó bajo el Decreto 759/2025, aunque en ese mismo acto suspendió sus efectos de manera indefinida hasta que el Parlamento fijara las fuentes de financiamiento dentro del presupuesto nacional.

Esa decisión derivó en una causa judicial iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional, rectores y docentes. El 23 de diciembre de 2025, el juez Martín Cormick declaró inaplicable la suspensión impuesta por el decreto y ordenó acatar la ley. La medida cautelar quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado. El texto legal dispone actualizar los sueldos docentes y no docentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y recomponer becas estudiantiles como Progresar y Manuel Belgrano.

En su escrito, Solano afirmó que los hechos revisten gravedad institucional y que el Gobierno elude una orden judicial concreta. La acusación incluye a Caputo porque la reasignación de fondos y el manejo de partidas del Tesoro dependen de su cartera ministerial, según establece la Ley de Ministerios. Por ese motivo, el dirigente solicitó que se convoque a ambos funcionarios a prestar declaración indagatoria y que la Oficina de Presupuesto del Congreso elabore un informe con el cálculo del costo fiscal que demandaría la aplicación de la norma.