Una bicameral de control a cambio de votos: la puja por la ley sobre Malvinas en Diputados
El oficialismo ofrece crear una comisión legislativa para sumar aliados al proyecto sobre Malvinas, pero descarta dividir el debate parlamentario.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- El Gobierno aceptó incorporar una comisión bicameral para supervisar el Consejo de Seguridad Nacional y responder a las objeciones de los aliados.
- La Casa Rosada rechazó el reclamo del peronismo de fraccionar el debate y ratificó que el texto se tratará como un paquete único.
- Unión por la Patria propuso apoyar solo el endurecimiento de sanciones por explotación ilegal en Malvinas y cuestionó la agenda de seguridad.
- El bloque Provincias Unidas firmará dictamen propio con reparos a las penas de doce años de cárcel por difundir desinformación masiva.
Negociaciones y concesiones oficiales
El oficialismo en la Cámara de Diputados intensifica las conversaciones para conseguir un dictamen de mayoría sobre la propuesta de ley destinada a defender la Soberanía Nacional. Con el objetivo de garantizar el respaldo de bloques aliados antes de llevar la discusión al recinto, la Casa Rosada aceptó introducir modificaciones en el capítulo vinculado a la Ley de Seguridad Interior y sumar mecanismos de fiscalización legislativa.
María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría Legal y Técnica presidencial, expuso la postura gubernamental ante los legisladores y admitió la viabilidad de crear una comisión bicameral que fiscalice las tareas del Consejo de Seguridad Nacional. Pese a esa concesión, la funcionaria ratificó que el Poder Ejecutivo no fragmentará la discusión en expedientes separados, por lo que el plenario deberá respaldar o rechazar el texto de manera íntegra.
Las objeciones de los bloques opositores
El peronismo insistió en desdoblar la propuesta para acompañar de forma exclusiva el castigo contra las empresas que extraigan recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El excanciller y diputado Jorge Taiana afirmó que la administración nacional utiliza la causa como excusa para avanzar en una agenda de seguridad externa, mientras que el legislador Germán Martínez advirtió que separar los artículos permitiría alcanzar consensos sin avalar medidas polémicas.
En paralelo, el interbloque Provincias Unidas, conducido por Gisela Scaglia, adelantó que presentará un dictamen en minoría frente a las discrepancias internas sobre varios puntos clave. Entre los aspectos más resistidos figuran las penas de hasta doce años de encierro para quienes organicen campañas de desinformación masiva, junto con las limitaciones al financiamiento y la consultoría foránea en las campañas políticas.
Cruces y fecha tentativa
Frente a las objeciones, la bancada de La Libertad Avanza rechazó las críticas y remarcó la necesidad de contar con herramientas jurídicas eficaces para resguardar los límites marítimos y los recursos estratégicos del país. Diputadas como Silvana Giudici y legisladores como Damián Arabia sostuvieron que la iniciativa representa un paso pacífico en la defensa de los derechos soberanos, mientras que especialistas convocados por la oposición alertaron sobre un corrimiento del reclamo diplomático hacia hipótesis de conflicto militar.
El trabajo continuará en el plenario que integran Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, bajo la conducción de Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata y Juliana Santillán. Según señalaron fuentes parlamentarias a El Destape, el oficialismo apunta a reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen el próximo 14 de octubre, en una puja abierta que definirá la llegada de la norma al recinto.
Qué dice cada medio
TN: Puso el acento en las negociaciones del oficialismo con los bloques dialoguistas y los reparos de Provincias Unidas sobre las penas por desinformación.
El Destape: Subrayó las advertencias peronistas sobre militarización, el alineamiento internacional del Consejo de Seguridad y las dudas para alcanzar las firmas del dictamen.
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