Ciudadanía argentina por hasta 800.000 dólares: el plan oficial choca con fallos y trabas en el Congreso
El Ejecutivo fijó aportes para otorgar la nacionalidad sin residencia previa, pero el decreto que lo habilita fue anulado por la justicia electoral.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- El Gobierno fijó montos de 350.000 dólares directos u 800.000 en títulos públicos para obtener el pasaporte sin dos años de radicación previa.
- La Cámara Nacional Electoral declaró nulo a mitad de año el decreto que permitía conceder la nacionalidad mediante desembolsos económicos.
- En Diputados, la oposición presentó iniciativas para prohibir el canje de la nacionalidad por fondos, compras de bienes o donaciones financieras.
- Pese a que planean recibir pedidos este trimestre, todavía no reglamentaron los formularios, aranceles ni las condiciones del título de deuda.
El Gobierno nacional anunció los requisitos económicos para conceder la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de capitales, suprimiendo la exigencia histórica de dos años de residencia continua. Durante una gira oficial en París a comienzos de mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció dos alternativas para ingresar al esquema: una contribución no reintegrable de 350.000 dólares dirigida al Tesoro Nacional o la compra de bonos soberanos por 800.000 dólares. El plan añade aranceles extra de 100.000 dólares para cónyuges e hijos adultos jóvenes, y 25.000 por cada menor.
La administración libertaria proyecta habilitar las solicitudes antes de cerrar el año a través de la flamante agencia abocada a la Ciudadanía por Inversión. Dicho organismo prevé coordinar controles con la UIF, la SIDE y el Ministerio de Seguridad para adecuarse a pautas internacionales contra el lavado de activos. Sin embargo, no se publicaron resoluciones ministeriales que reglamenten la operatoria, no existen plataformas digitales activas para gestionar los trámites ni se conocen las pautas de devolución en caso de que una solicitud resulte rechazada.
Más allá del atraso burocrático, la iniciativa afronta una compleja barrera en la Justicia. La estructura se apoya en el decreto de necesidad y urgencia 366 dictado en 2025, norma que fue declarada nula a mitad de este año por la Cámara Nacional Electoral. El tribunal dictaminó que el Presidente sobrepasó sus facultades constitucionales, dado que la Carta Magna reserva al Poder Legislativo cualquier reforma sobre naturalización y ejercicio de derechos políticos, lo que deja al sistema sin un piso jurídico firme.
En paralelo, el debate recaló con fuerza en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria, con Agustín Rossi y Kelly Olmos a la cabeza, presentaron proyectos para prohibir taxativamente el otorgamiento de la nacionalidad a cambio de donaciones, activos o compras de deuda pública. La bancada opositora cuestiona el programa por considerarlo inconstitucional, al tiempo que advierte sobre posibles conflictos de interés por la supuesta intervención de intermediarios extranjeros en el diseño del mecanismo.
Qué dice cada medio
elDiarioAR: Pone el foco en el vacío normativo que aún persiste y en la declaración de nulidad del decreto dictada por la Cámara Nacional Electoral.
iProfesional: Resalta el rechazo político en la Cámara de Diputados, las objeciones del peronismo y las alertas sobre presuntos conflictos de interés con una firma británica.
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