Causas judiciales contra Cristina Kirchner: acusaciones y defensa

La expresidenta y sus letrados sostienen que los expedientes judiciales en su contra no responden a hechos delictivos comprobados sino a un mecanismo coordinado de hostigamiento judicial, mediático y político (denominado lawfare) diseñado para proscribirla políticamente y condicionar los procesos electorales 71626. En el proceso por Vialidad, su abogado Carlos Beraldi planteó en su momento que las obras viales ya habían sido objeto de sobreseimiento en la justicia de Santa Cruz (invocando la garantía contra el doble juzgamiento) y criticó la anexión tardía de elementos probatorios de otros sumarios sin el debido control de las defensas 812. En septiembre de 2026, la defensa presentó frente al Comité de DD.HH. de Naciones Unidas un informe pericial técnico surgido del juicio del expediente Cuadernos, argumentando que las compañías de Báez solo percibieron cerca del 0,85% o 1% del total de las partidas de infraestructura vial a nivel nacional, dato que a su juicio anula la premisa de un direccionamiento exclusivo y abre la puerta a una revisión formal de la condena 252627.

Asimismo, en su declaración de marzo de 2026 en el juicio oral por Cuadernos, Cristina Kirchner calificó la causa de disparate y sostuvo que desde la fiscalía de instrucción a cargo de Carlos Stornelli se presionó y coaccionó a empresarios imputados colaboradores para forzar confesiones incriminatorias 24. (una sola fuente) No obstante, los jueces del tribunal oral y de la Sala IV de Casación en la causa Vialidad desestimaron las acusaciones de lawfare, calificándolas en sus sentencias como hipótesis conspirativas y recursos retóricos para evadir el escrutinio penal ordinario, remarcando la intervención de más de una veintena de magistrados de diversas instancias a lo largo del expediente 161819. (una sola fuente)

En la ampliación de sus presentaciones ante foros internacionales en septiembre de 2026, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego acudieron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciando ocho presuntas transgresiones a los derechos civiles y políticos fijados por el pacto internacional durante el trámite judicial 43. (una sola fuente) La defensa argumentó que las partidas presupuestarias investigadas contaron con el aval del Congreso y fueron administradas por la Jefatura de Gabinete, a la par de cuestionar que la sentencia condenatoria se sustentara en la suscripción del Decreto 54/2009 —disposición que continúa vigente— y sostener que las compañías adjudicatarias de Báez no percibieron privilegios mediante el fideicomiso vial, calificando la sanción como una maniobra orientada a restringir indebidamente sus derechos de participación política 3943. (una sola fuente)

El frente judicial presenta distintas etapas según cada expediente. Paralelamente, en ese mismo contexto tramita una acción civil por resarcimiento pecuniario iniciada por la administración vial por más de 22.000 millones de pesos (según Infobae, junio de 2025; puede haber cambiado) 22. (una sola fuente) Por el expediente Cuadernos, el proceso oral se encuentra en pleno desarrollo ante el TOF 7, instancia en la cual la imputada prestó declaración indagatoria en marzo de 2026 sin responder preguntas de las partes 2428. Respecto a los procesos Los Sauces y Hotesur, tras revocarse los sobreseimientos previos dictados en 2021, el TOF 5 dispuso realizar dos juicios sucesivos: el debate de Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur iniciará el 19 de marzo de 2027 29. Por último, en los expedientes por el Memorándum con Irán y Dólar Futuro, la exmandataria había sido sobreseída sin debate previo, pero el trámite de reapertura dispuesto por Casación se hallaba con recursos pendientes de definición en la Corte Suprema (según Infobae y Perfil, noviembre de 2024; al contar estas notas con más de un año de antigüedad respecto de la fecha actual, dicha situación recursiva podría haber sufrido modificaciones) 917. En el terreno patrimonial del caso Vialidad, en mayo de 2026 el TOF 2 impulsó actuaciones para concretar el decomiso de 111 bienes inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez —incluyendo 19 propiedades heredadas o transferidas a Máximo y Florencia Kirchner— tasados de forma global en más de 684.000 millones de pesos 42. (una sola fuente) El tribunal remitió un oficio a la Corte Suprema para evaluar el destino o afectación de dichos activos dentro de las dependencias judiciales, mientras la defensa dedujo un recurso extraordinario federal contra la confirmación del decomiso alegando la falta de firmeza de la resolución 42. (una sola fuente)

La expresidenta y sus defensas han denunciado en reiteradas oportunidades la coincidencia intencional entre los calendarios procesales y las contiendas electorales de Comodoro Py, como la fijación del inicio de las audiencias del caso Vialidad en mayo de 2019, cuestionamiento que el TOF 2 rechazó argumentando que los tiempos obedecieron a la dinámica propia del trámite judicial ordinario 716. (una sola fuente) En el marco del juicio por Cuadernos, la imputada señaló ante los jueces la existencia de extorsiones a empresarios acogidos al régimen del arrepentido durante la instrucción de Carlos Stornelli para fabricar declaraciones incriminatorias, y cuestionó públicamente las afirmaciones del mandatario Javier Milei ante el Congreso respecto a su situación procesal 24. (una sola fuente)

Por otra parte, se registraron irregularidades de carácter procedimental señaladas por el propio Poder Judicial; por ejemplo, en marzo de 2018 la Corte Suprema invalidó la unificación y radicación de múltiples expedientes sensibles contra la exmandataria en el TOF 9, argumentando que dicho cuerpo colegiado ordinario había sido reconvertido a fuero federal a fines de 2016 sin las ternas reglamentarias ni el correspondiente acuerdo del Senado 3. (una sola fuente) Adicionalmente, sectores afines a la defensa sostienen que las resoluciones emitidas configuran una maniobra de persecución y proscripción articulada entre sectores judiciales, dirigentes opositores y medios de comunicación 726.

Asimismo, la defensa impugnó presuntos lazos de cercanía y falta de imparcialidad entre magistrados de la causa Vialidad y referentes de la oposición política 3437. En agosto de 2022, la expresidenta promovió sin éxito la recusación del juez de juicio Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani tras la divulgación de imágenes que los mostraban integrando un mismo equipo de fútbol amateur en el predio Los Abrojos, perteneciente al expresidente Mauricio Macri, planteo que se extendió al fiscal Sergio Mola y que resultó desestimado por el tribunal de juicio 34. (una sola fuente)