Prometían casas sociales ficticias por $100.000: piden juzgar a la hermana del líder del PJ de Chubut
La fiscalía solicitó enviar a juicio a Vanesa Fita y a cuatro colaboradoras por defraudar casi 60 millones de pesos a 594 familias en Comodoro Rivadavia.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- La investigación judicial acreditó 594 estafas cometidas entre 2023 y 2024 por un monto global estimado en 59,4 millones de pesos.
- Exigían un pago inicial de 100.000 pesos por falsas adjudicaciones habitacionales y retenían el dinero en cuentas bancarias particulares.
- El fiscal solicitó entre seis y ocho años de prisión para Vanesa Fita y planteó resolver el debate mediante jurados populares.
El fiscal general Martín Cárcamo requirió la elevación a juicio de la causa contra Vanesa Elizabeth Fita y otras cuatro mujeres, acusadas de defraudar a familias vulnerables mediante la falsa adjudicación de casas sociales en Comodoro Rivadavia. La acusación del Ministerio Público Fiscal abarca 594 hechos consumados desde abril de 2023 hasta febrero de 2024, con un desfalco total calculado en 59.400.000 pesos.
De acuerdo con el expediente, la presunta banda captaba a personas necesitadas de vivienda y les cobraba un anticipo de 100.000 pesos. Ese desembolso se justificaba como un pago de 80.000 pesos para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y 20.000 pesos para habilitar el tendido eléctrico. El dinero terminaba transferido a cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de Lara Camila Páez. Para sostener el engaño, las organizadoras coordinaban grupos de WhatsApp y montaban encuentros en espacios públicos donde atribuían las demoras a supuestas trabas burocráticas.
Fita, hermana del diputado provincial y titular del Partido Justicialista de Chubut Gustavo Fita, afirmaba ante las víctimas que gestionaba los inmuebles bajo el respaldo del entonces gobernador Mariano Arcioni. Sin embargo, la investigación determinó que no existió ninguna intervención del exmandatario. El mecanismo colapsó a inicios de 2024 cuando varios afectados consultaron en las oficinas del IPV y descubrieron la maniobra. Según consignó Clarín, el concejal libertario Omar Lattanzio acompañó a los vecinos a radicar las denuncias iniciales el 5 de febrero de ese año.
El fiscal acusó a Fita como autora del delito de estafa por influencia mentida y calidad simulada, con un pedido de pena de seis a ocho años de prisión. Para las colaboradoras María Victoria Curán, Lucía Lorena Miranda, Gisela Mansilla y Páez se solicitaron escalas de menor cuantía. Infobae detalló que el requerimiento del fiscal pidió pasar a la etapa de enjuiciamiento con jurados populares, trámite que ahora aguarda la correspondiente audiencia de control judicial.
Qué dice cada medio
Clarín: Subrayó la intervención del concejal libertario Omar Lattanzio en las denuncias iniciales e identificó las entidades bancarias privadas donde se recibían las transferencias de las víctimas.
Infobae: Hizo foco en el pedido de resolución del caso mediante juicio por jurados y detalló las escalas penales pedidas para cada colaboradora según la cantidad de hechos atribuidos.
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