Freno electoral en España: 163 mil nuevos ciudadanos quedan marginados de las urnas de noviembre
El Tribunal Supremo español ratificó la suspensión del derecho a sufragar para quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- El Tribunal Supremo mantuvo la medida cautelar que excluye a 163.020 personas nacionalizadas de cara a los comicios generales de noviembre.
- La restricción exceptúa a quienes logren demostrar documentalmente que sus ascendientes padecieron persecución o destierro durante el franquismo.
- La Justicia consideró prioritaria la autenticidad del registro electoral frente a la imposibilidad de auditar miles de expedientes con rapidez.
- Pedro Sánchez fustigó la exclusión de los descendientes, mientras dirigentes de la oposición respaldaron el límite impuesto por los magistrados.
El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes el mantenimiento de la suspensión cautelar que impide votar a miles de personas que consiguieron la nacionalidad a través de la normativa de memoria democrática. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo afecta a 163.020 ciudadanos registrados en el exterior, quienes no podrán participar en los comicios generales anticipados del 29 de noviembre, a pesar de los pedidos formulados por la Abogacía estatal y la Fiscalía para levantar la restricción.
Los magistrados de la sección cuarta consideraron que el derecho al voto no posee un rango absoluto y debe ceder ante el resguardo del censo electoral para evitar eventuales inconsistencias. La sentencia contó con la disidencia de la jueza Alicia Millán y ordenó publicar de inmediato la resolución para otorgar a los perjudicados un término de cinco días para realizar sus presentaciones. Quedarán exceptuados únicamente aquellos descendientes que logren certificar documentalmente que sus familiares sufrieron el destierro durante el conflicto civil de 1936 o el régimen franquista debido a persecuciones ideológicas, políticas o de género.
El conflicto legal proviene de recursos impulsados a comienzos de septiembre por los espacios de derecha Iustitia Europa y Vox, que objetaron los criterios de otorgamiento de la ciudadanía. La premura creció luego de que Pedro Sánchez adelantara los comicios tras el rechazo parlamentario a dos decretos sobre vivienda. Los informes judiciales revelan además que otras 97.000 solicitudes ya concedidas aún no ingresaron formalmente al padrón y más de 304.000 trámites permanecen bajo análisis, lo que tornaba inviable auditar cada caso antes del 23 de octubre, fecha límite para fijar las listas.
El panorama judicial abrió un fuerte choque político a semanas de acudir a las urnas. Durante un acto en Ponferrada, el jefe de Gobierno recriminó a la oposición buscar recortar facultades cívicas y cuestionó la desigualdad frente a otros herederos de esa época histórica. En contraste, el titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el veredicto en redes sociales al enfatizar que no pueden existir dudas sobre el registro de votantes, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó el pronunciamiento como un freno indispensable frente a presuntos intentos ilegítimos de engrosar el electorado.
Qué dice cada medio
La Nación: Detalla los fundamentos jurídicos del fallo sobre el censo, la disidencia interna de una jueza y el cronograma formal de exhibición de listas.
Clarín: Destaca el impacto político sobre el gobierno de Pedro Sánchez, la cifra total de expedientes pendientes y las declaraciones de Santiago Abascal.
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