Procesaron a la exjefa de las cárceles federales por permitir que líderes narco operen desde prisión
El juez federal Carlos Vera Barros responsabilizó a María Laura Garrigós de Rébori por no controlar ni bloquear las comunicaciones telefónicas de presos de alto riesgo.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- La exinterventora del Servicio Penitenciario Federal quedó procesada por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
- El magistrado señaló que omitió gestionar la compra e instalación de inhibidores de señal exigidos por la ley de ejecución penal.
- La investigación reveló métodos insólitos para ingresar celulares a los penales de Ezeiza y Marcos Paz, como carne congelada o dobles fondos.
- La defensa alegó que la norma rige desde 2017 y Gustavo Hornos, juez de Casación, rememoró los inconvenientes de la pandemia.
El magistrado Carlos Vera Barros resolvió procesar a la exinterventora del SPF María Laura Garrigós de Rébori por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La resolución judicial determinó que la exjueza no frenó las comunicaciones ilegales que los jefes narco mantenían desde los penales para coordinar delitos en el exterior. La medida alcanzó el período de su administración durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, entre 2020 y 2021.
El magistrado, a cargo del Juzgado Federal N°4 de Rosario, remarcó que la exfuncionaria omitió tramitar la compra y colocación de bloqueadores de telefonía celular, una exigencia establecida en el artículo 160 de la ley 24.660. Tampoco revisó los expedientes previos del complejo de Ezeiza ni de Marcos Paz, donde permanecían detenidos cabecillas de alto perfil delictivo. Para los investigadores, la imputada desatendió las restricciones judiciales impuestas y además disolvió la estructura de inteligencia interna de la fuerza de seguridad.
El expediente judicial surgió en marzo de 2022 tras descubrirse los privilegios de Ariel «Guille» Cantero, líder de Los Monos, en el establecimiento penitenciario bonaerense de Marcos Paz. La acusación fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad junto con fiscales de Rosario y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, luego de detectar una presunta complicidad institucional que facilitaba el ingreso clandestino de dispositivos móviles a los pabellones.
Las intervenciones telefónicas incorporadas a la causa expusieron diversas maniobras para eludir las requisas oficiales. Los reclusos instruían esconder teléfonos dentro de bloques de carne congelada, recipientes térmicos con coberturas metálicas o artefactos de peluquería, además de aprovechar visitas exceptuadas de controles corporales con escáner. Frente a estos cargos, la defensa de la exmagistrada argumentó que la obligación legal rige desde 2017, mientras que en Casación, el juez Gustavo Hornos rememoró los obstáculos extraordinarios que implicó la pandemia durante su gestión.
Qué dice cada medio
La Nación: Detalla las escuchas telefónicas que revelan cómo la banda de Los Monos ingresaba celulares en carne congelada y ollas con doble fondo para burlar los controles penitenciarios.
Clarín: Subraya la filiación política de la exfuncionaria con la agrupación Justicia Legítima y las fechas exactas de omisión administrativa que le atribuyó el tribunal de Rosario.
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- Clarín
- La Nación