Iniciativas ciudadanas al Congreso: la Justicia Electoral permitirá sumar adhesiones de forma digital

El procedimiento se apoya en lo dispuesto por el artículo 39 constitucional junto con la Ley 24.747, marco normativo que faculta a los electores a elevar propuestas directamente a la Cámara de Diputados. Para ingresar formalmente al Parlamento y obligar a su debate en comisiones en un plazo máximo de doce meses, los promotores deben recolectar firmas equivalentes a un piso del 1,5% del padrón electoral nacional utilizado en los últimos comicios legislativos, distribuidas en al menos seis distritos. En los proyectos de carácter regional, el porcentaje se aplica sobre las provincias involucradas. La legislación exige además la intervención previa de la Defensoría del Pueblo para verificar el resumen de la propuesta, rige un control por muestreo de firmas en veinte días y se descarta cualquier proyecto que supere un 5% de adhesiones falsas. Quedan excluidos los asuntos penales, impositivos, presupuestarios, tratados internacionales y reformas a la Carta Magna.

Garantías de seguridad y antecedentes

La administración, el mantenimiento y la supervisión del sistema estarán a cargo de la coordinación general del tribunal para sistemas informáticos electorales. La acordada, rubricada también por Sebastián Schimmel junto con Hernán Gonçalves Figueiredo, ambos secretarios, fundamentó que el entorno digital ofrece condiciones de trazabilidad, inmutabilidad e integridad superiores al soporte físico. Los magistrados sostuvieron que rige un principio de simetría funcional con la firma manuscrita según la Ley 25.506, siempre que se garantice la autenticidad e imposibilidad de repudio. Como parte de los requerimientos, los impulsores de cada proyecto deberán solicitar habilitación previa, transparentar los gastos de campaña y acreditar el origen de los recursos empleados.

La adopción definitiva de este instrumento surge como derivación de un ensayo piloto autorizado por el tribunal el 21 de mayo de 2026, desarrollado a partir de la propuesta de una organización no gubernamental. Las evaluaciones técnicas posteriores comprobaron que es factible asociar de manera segura la identidad del firmante con el documento suscripto, protegiendo al mismo tiempo los datos personales. Aunque la reglamentación ya fue emitida, la Justicia Electoral todavía no estableció el calendario formal de apertura para la ciudadanía ni los pasos informáticos específicos para registrar las adhesiones.