Denuncian “tasaciones secretas” en la venta de AySA tras adjudicarse por u$s 349 millones
Legisladores de Unión por la Patria acusaron a funcionarios nacionales ante la fiscalía anticorrupción por ocultar los valores oficiales antes de ceder el 90% de la compañía de agua.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- Legisladores opositores llevaron ante la fiscalía anticorrupción una denuncia contra el titular de la Agencia de Empresas Públicas, Diego Chaher, por ocultar tasaciones oficiales.
- La presentación cuestiona que el Gobierno apartó al Tribunal de Tasaciones y privó al Congreso de controlar el proceso de enajenación de activos públicos.
- La adjudicación del 90% de las acciones de AySA se resolvió a favor de un consorcio empresarial por 349 millones de dólares.
Diputados y senadores de Unión por la Patria formalizaron una presentación judicial ante la PIA contra funcionarios del gobierno de Javier Milei. La acusación apunta a quien encabeza la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher; al titular del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte; y a los directivos del Banco de Inversión y Comercio Exterior por supuestas maniobras para ocultar el valor real de los bienes públicos.
Los legisladores Adán Bahl, Jorge Capitanich, Ana María Ianni y Florencia Carignano integran la comisión bicameral abocada al seguimiento de las privatizaciones. En el texto presentado ante el fiscal Sergio Rodríguez, afirmaron que el Ejecutivo diseñó un esquema a medida para quitarle facultades al Tribunal de Tasaciones, modificar los criterios de valuación y mantener en reserva los números reales de los activos estatales. Remarcaron que esta reserva vulnera el artículo 14 de la Ley de Reforma del Estado, que exige informar de manera permanente al Congreso.
El planteo judicial coincidió con la definición de la venta del 90% del capital social de AySA que retenía el Estado nacional. La mayor oferta económica la aportó un consorcio conformado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor —firma ligada al hombre de negocios Mauricio Filiberti— y PHX Aqua. El grupo desembolsará 349 millones de dólares para tomar el control de los servicios de agua potable y saneamiento por un lapso de 30 años, prorrogable por una década adicional.
La oposición eligió presentar el reclamo ante la fiscalía especializada en delitos administrativos para garantizar una investigación directa y evitar que el trámite quede estancado en un juzgado federal penal, según revelaron fuentes legislativas a iProfesional. Por su parte, el jefe del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, cuestionó la falta de transparencia en la fijación del precio base y vinculó la celeridad del trámite con figuras clave del entorno presidencial, como María Ibarzábal Murphy y el asesor Santiago Caputo.
Qué dice cada medio
iProfesional: Puso el acento en la confirmación de la venta por 349 millones de dólares al consorcio de Transclor y reveló que la oposición eligió la PIA por temor a que la justicia cajoneara la denuncia.
El Destape: Hizo foco en el cruce político durante el plenario legislativo, las advertencias de Germán Martínez sobre Santiago Caputo y el plazo de hasta 40 años que tendrá la concesión privada.
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Fuentes consultadas
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- El Destape
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