Plazo de cinco días a la Nación para blindar 15 años de registros de tierras bonaerenses

La medida judicial admitió parcialmente un amparo cautelar presentado por Guido Lorenzino, titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La presentación cuestionó el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Según argumentó el organismo provincial, la supresión de la norma desmanteló el mapa dominial oficial y eliminó las restricciones que limitaban la compra de campos por parte de titulares extranjeros, dejando sin control las transacciones inmobiliarias.

La jueza se declaró incompetente para resolver la inconstitucionalidad del decreto, discusión que remitió a la Justicia Federal en el marco de litigios que ya involucran a la Corte Suprema. Sin embargo, concedió una tutela urgente para resguardar los datos mientras se traslada el expediente. Sessarego fundamentó que el extravío de los registros recopilados durante casi 15 años provocaría un daño irreversible para el desarrollo sustentable. En su fallo, subrayó que el acceso a la información ambiental cuenta con amparo en lo consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 41 y en los principios precautorios de la Ley General del Ambiente.

El reclamo puso especial foco en zonas con fuerte concentración foránea, como Campana y Zárate, donde el dominio foráneo sobre el suelo rural excede el promedio provincial. Para la Defensoría, la falta de seguimiento estatal impide evaluar el impacto acumulativo de las operaciones comerciales sobre los recursos naturales. Resulta inadmisible que por flexibilizar o desatender las inspecciones la ciudadanía bonaerense desconozca qué ocurre con la soberanía del suelo rural y los recursos naturales, afirmó Lorenzino, quien remarcó que resguardar estos datos resulta imprescindible para la planificación territorial de las futuras generaciones.