Privatización de AySA: dos consorcios quedaron en carrera y este jueves se definirá el ganador
El Ministerio de Economía aprobó las propuestas técnicas de los grupos liderados por Roggio y Rowing, y abrirá los sobres económicos el 8 de octubre.
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- El Gobierno avaló las propuestas técnicas de los dos consorcios interesados en comprar el 90% del paquete accionario de la empresa estatal.
- Las ofertas económicas se abrirán a las 10 del jueves 8 de octubre a través de la plataforma digital oficial.
- Compiten un consorcio encabezado por el Grupo Roggio y otro integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos y un fondo holandés.
- La concesión durará 30 años y exigirá inversiones iniciales por casi 2.000 millones de dólares hasta 2031.
El Gobierno nacional dio este martes el paso previo para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al aprobar las condiciones técnicas de los dos grupos en competencia. Mediante la resolución 1722/2026 dictada por Economía, las autoridades fijaron para este jueves 8 de octubre a las 10 la apertura de las propuestas económicas que definirán al nuevo operador del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La compulsa final enfrentará a dos bloques empresarios por el 90% del capital social, mientras que el 10% restante continuará asignado al personal bajo el régimen de propiedad participada. Por un lado se presenta la alianza conformada por las firmas locales Rowing y Transclor junto a la operadora brasileña Arcos Saneamento y el fondo neerlandés PHX AQUA. El otro competidor es el consorcio comandado por Roggio Roas, con experiencia previa en el sector mediante Aguas Cordobesas, acompañado por Benito Roggio e Hijos, junto a Central Buen Ayre, Hidrosan Capital y Aguas del Plata Participaciones.
El acto se llevará adelante en el sistema CONTRAT.AR bajo una licitación sin valor base fijado, aunque estimaciones previas del mercado situaban a la empresa cerca de los 500 millones de dólares. Quien resulte seleccionado asumirá una concesión por un plazo de 30 años, con revisiones periódicas de cuadros tarifarios cada cinco años y el compromiso de sostener las obras sin subsidios del Tesoro.
El marco contractual exige un plan de inversión obligatorio para el período 2027-2031 de 2,89 billones de pesos, suma equivalente a unos 2.000 millones de dólares. Durante ese tramo inicial, las metas prevén una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en desagües cloacales sin incrementos reales de tarifas. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento controlará las obligaciones todos los años y podrá disponer sanciones o la caducidad del contrato ante faltas graves.
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