Política · · publicada · edición del martes 6

Peritos con sueldo fijo y cambios para apelar: Entre Ríos busca frenar las demandas laborales

El gobernador Rogelio Frigerio enviará una iniciativa que reforma el Código Procesal Laboral y ordenar las pericias médicas en la provincia.

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  • Un nuevo cuerpo de peritos médicos judiciales cobrará salarios fijos, desvinculados del monto o resultado del litigio.
  • El uso del baremo nacional será obligatorio para unificar criterios y evitar disparidades técnicas en los exámenes de incapacidad.
  • Los honorarios periciales se fijarán por la complejidad de la tarea con un límite máximo, en lugar de calcularse por porcentajes.
  • Los empleadores podrán apelar sentencias de primera instancia sin necesidad de realizar depósitos previos ni trabar embargos.
  • Las demandas crecieron 38% en la provincia durante el último año, según datos del sector asegurador.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para reformar el Código Procesal Laboral de la provincia. La iniciativa oficial apunta a reducir la litigiosidad, aportar certidumbre a las partes y desarticular las distorsiones económicas ligadas a los reclamos por siniestros de trabajo.

El corazón de la propuesta radica en un rediseño de las pericias médicas a través de cuatro ejes centrales. En primer término, se creará un cuerpo de especialistas dependiente del Poder Judicial, seleccionados por concurso y con salarios fijos que no dependerán de los montos de las indemnizaciones ni del grado de incapacidad que asignen. A su vez, se adoptará de forma obligatoria el baremo nacional para garantizar parámetros uniformes en las evaluaciones, mientras que los honorarios de los peritos dejarán de calcularse como un porcentaje de la condena y pasarán a tasarse por la complejidad técnica de la labor, con un techo predeterminado.

En el ámbito procesal, la normativa suprime el requisito que forzaba a las empresas a abonar de inmediato las sumas sentenciadas, intereses y gastos legales —o comprometer bienes bajo embargo— para poder recurrir una decisión desfavorable. De este modo, la administración provincial pretende abrir el acceso a una segunda instancia sin desactivar las medidas precautorias que aseguren futuros pagos.

La UART apoyó la reforma y la definió como un paso indispensable ante la escalada de expedientes. Según registros de la entidad, las demandas en Entre Ríos crecieron un 38% desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026, la suba más pronunciada del país, pese a que la siniestralidad real se encuentra en baja. En todo el territorio nacional, los litigios acumulados llegaron a 87.553 en los primeros ocho meses del año, con una proyección que superaría las 138.000 demandas hacia fines de 2026.

Qué dice cada medio

Infobae: Enmarcó la iniciativa en el combate contra «la industria del juicio», sumó declaraciones de la UART sobre la discrepancia entre comisiones médicas y fallos, e incorporó el panorama de litigiosidad a nivel nacional.

Noticias Argentinas: Presentó la noticia el día previo con foco en los cuatro puntos técnicos de la reforma procesal y limitó las estadísticas de demandas al ámbito de Entre Ríos.

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