Freno al DNU: la Corte suspendió la anulación de la Ley de Tierras y repuso los topes a extranjeros

El fallo se adoptó durante la mañana de este viernes en el marco del acuerdo extraordinario convocado por la presidencia del cuerpo. La mayoría se consolidó con las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a las que se sumaron los votos de Juan Ignacio Pérez Curci y Diego Barroetaveña en calidad de conjueces, convocados porque no hubo un criterio compartido entre los tres jueces naturales para alcanzar una decisión. Por su parte, Carlos Rosenkrantz emitió una disidencia parcial en la que cuestionó que el máximo tribunal tuviera competencia para dictar una medida interina en este estado del proceso.

Los fundamentos y el precedente

La mayoría fundamentó su decisión en el artículo 32 que contempla la Ley General del Ambiente, la ley de cautelares y el Acuerdo de Escazú para garantizar la tutela judicial y prevenir perjuicios ecológicos irreparables. Los magistrados sostuvieron que el primer deber judicial consiste en custodiar la Constitución y señalaron que el trámite previo había dejado sin respuesta a los peticionantes luego de que los tribunales anteriores remitieran las actuaciones a otras instancias sin resolver sus planteos. De todos modos, la resolución aclaró de forma taxativa que no emitió un juicio definitivo sobre la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, sino que adoptó un resguardo excepcional.

La acción colectiva fue promovida a fines de 2023 por la Asociación Civil Árbol de Pie, la dirigente rionegrina Magdalena Odarda y las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El tribunal diferenció esta causa de la rechazada a fines de septiembre al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Mientras aquella presentación invocaba una presunta afectación a la soberanía que fue desestimada por cuestiones formales, el nuevo planteo se centró en la preservación del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado.

Restricciones vigentes y coletazo político

En la práctica, la resolución judicial reactiva de forma inmediata las previsiones fijadas por la Ley 26.737. Queda reinstaurado el tope del 15 por ciento para la titularidad extranjera en distritos nacionales y provinciales, el límite de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola y la prohibición de enajenar inmuebles que contengan fuentes de agua navegables o se encuentren situados en zonas de seguridad fronteriza.

La rápida intervención judicial se produjo en un escenario de fuerte tensión política dentro y fuera de los tribunales. Tras el fallo previo que había revocado la inconstitucionalidad dictada en La Plata, diversos bloques opositores solicitaron que Diputados realice una sesión especial fijada para el próximo 15 de octubre, orientada a rechazar el DNU 70/2023 de manera íntegra. En los despachos oficiales y legislativos se evaluaba si la restitución cautelar de la ley servirá para apaciguar el conflicto o si acelerará la ofensiva parlamentaria de la oposición en el recinto.