A casi tres años de asumir, Milei sigue sin poder sumar jueces a una Corte Suprema de tres miembros
Tras los rechazos legislativos y decretos fallidos, el máximo tribunal continúa funcionando con una composición reducida desde hace más de un año.
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- A casi tres años de mandato, Javier Milei no logró designar jueces en la Corte Suprema, que sigue funcionando con tres miembros.
- El Senado rechazó en abril de 2025 los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla tras meses de negociaciones infructuosas.
- García-Mansilla llegó a asumir por decreto en comisión, pero renunció luego de no conseguir el acuerdo de la Cámara alta.
- Pese a estar incompleto, el tribunal ratificó la condena a Cristina Kirchner y avaló recientemente reformas del DNU 70/2023.
A casi tres años de haber asumido la presidencia, Javier Milei todavía no consiguió incorporar a ningún magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Aunque la normativa vigente establece un cuerpo de cinco miembros, el tribunal opera incompleto desde los alejamientos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En la actualidad, las decisiones recaen únicamente sobre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes administran la cúspide del Poder Judicial.
El origen del conflicto radicó en las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas en 2024. Ante la resistencia del Senado para alcanzar la mayoría especial de dos tercios, la Casa Rosada recurrió en febrero de 2025 a designaciones en comisión por decreto. La maniobra, diagramada bajo la órbita de Santiago Caputo y ejecutada por Sebastián Amerio, fracasó el 3 de abril de ese año, cuando la Cámara alta rechazó ambos pliegos y forzó la renuncia de García-Mansilla, quien ya había asumido.
A pesar de funcionar con dotación mínima, el tribunal conservó un rol central en el equilibrio institucional. El 10 de junio de 2025, los tres magistrados resolvieron sin discrepancias desestimar la última apelación presentada por Cristina Fernández de Kirchner. De ese modo, quedó ratificada la pena de seis años de encierro y la inhabilitación para la función pública resuelta en el caso Vialidad, cerrando el expediente sin recurrir a conjueces para desempatar.
En los últimos días, la Corte volvió a incidir en la agenda gubernamental al dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, contemplada en el DNU 70/2023. El fallo determinó que el CECIM de La Plata carecía de legitimación para accionar, habilitando la norma presidencial y ratificando la autonomía de los tres supremos.
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