Londres asume el control final y exigirá su propio aval para habilitar nuevo petróleo en Malvinas
El Gobierno británico formalizó que cualquier futuro permiso para explorar hidrocarburos en el archipiélago necesitará la aprobación directa del canciller Ed Miliband.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- Las nuevas concesiones hidrocarburíferas en las islas requerirán el consentimiento expreso del ministro británico de Asuntos Exteriores, según confirmó el Parlamento.
- Aunque la administración local mantendrá tareas ambientales y regulatorias, Londres retendrá la decisión de fondo sobre futuros desarrollos en la zona.
- La resolución coincide con denuncias penales y medidas cautelares impulsadas por Argentina para frenar el proyecto Sea Lion previsto para 2028.
- Las empresas involucradas enfrentan desplomes bursátiles y la salida de firmas internacionales de servicios como Halliburton.
Supervisión directa desde Londres
El Gobierno del Reino Unido estableció que todo nuevo permiso de exploración o explotación de petróleo y gas dentro de las Islas Malvinas requerirá el consentimiento expreso de su secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ed Miliband. La determinación quedó formalizada a través de una respuesta parlamentaria en la Cámara de los Lores. De este modo, Londres se reservó la potestad de veto y la última palabra sobre las futuras concesiones energéticas en el Atlántico Sur.
La aclaración respondió a una consulta formal del legislador conservador Colin Moynihan ante el subsecretario parlamentario Stewart Wood. El funcionario explicó que la administración local del archipiélago continuará a cargo de las normativas de seguridad y los estudios de impacto ambiental. No obstante, remarcó que ningún permiso nuevo podrá otorgarse sin la aprobación del Foreign Office, un criterio que el Ejecutivo británico ya había anticipado a mediados de septiembre frente a los Comunes.
Presión judicial y conflicto por Sea Lion
La confirmación institucional llegó en medio de una intensa disputa diplomática y legal con la Argentina por el avance del yacimiento Sea Lion. Este desarrollo hidrocarburífero, situado a 220 kilómetros al norte de las islas, apunta a comenzar su producción comercial hacia marzo de 2028. La firma Navitas Petroleum opera el área con el 65% de participación, mientras que Rockhopper Exploration retiene el 35% restante.
Frente a este escenario, el Gobierno de Javier Milei impulsó una ofensiva que incluyó sumarios sancionatorios contra 45 personas y empresas que operan sin autorización argentina. En simultáneo, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó una medida cautelar para prohibir el inicio o continuidad de obras marítimas por eventuales daños ambientales. Desde la Casa Rosada también se reglamentaron las penalidades de la Ley 26.659 para blindar los derechos sobre la plataforma continental.
Caída bursátil y éxodo de contratistas
La escalada legal tuvo repercusiones inmediatas sobre las empresas involucradas en el proyecto. Durante las últimas semanas, las acciones de Rockhopper cayeron un 17,9% en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas registró un retroceso del 11,5% en la plaza de Tel Aviv.
Al mismo tiempo, proveedores estratégicos optaron por desmarcarse del archipiélago. La corporación estadounidense Halliburton comunicó que no prestará servicios para el yacimiento, en línea con decisiones previas de firmas internacionales como SLB y Baker Hughes. Pese a las tensiones, Londres ratificó su respaldo al derecho de los isleños a explotar sus recursos bajo el principio de autodeterminación, un argumento que Buenos Aires desconoce en la disputa de soberanía.
Qué dice cada medio
TN: Detalla las medidas cautelares dictadas por la Justicia de Río Grande y las sanciones y procedimientos contra 45 empresas y personas vinculadas a la actividad en las islas.
Infobae: Remarca que la decisión británica centraliza la responsabilidad jurídica y política en Londres, transformando cualquier futuro reclamo argentino en un litigio directo con el gobierno británico.
El Destape: Focaliza en el impacto financiero adverso sobre las compañías petroleras, con caídas en sus acciones y el rechazo de multinacionales como Halliburton a prestar servicios en Sea Lion.
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MDZ: Subraya la división de facultades institucionales entre la potestad ambiental local de los isleños y el poder de veto que se reservó el Gobierno británico.
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Fuentes consultadas
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