Tras convocar a elecciones, el Gobierno español relanza por decreto sus medidas sobre vivienda

El mandatario socialista defendió que las circunstancias urgentes que motivaron los textos no cambiaron durante estos días y sostuvo que el paquete resulta necesario y razonable. Las medidas preservan la suspensión de desahucios a personas vulnerables hasta 2030, topes a determinados aumentos de renta y límites severos contra las compras especulativas de fondos inversores. El Gobierno incorporó además incentivos fiscales, un IVA del 10 por ciento para pisos turísticos y créditos a tasa cero de hasta 50.000 euros para financiar la primera vivienda.

El nuevo trámite legislativo

La segunda norma ratifica la renovación automática de los convenios de alquiler habitual, una cláusula que despierta el rechazo frontal del Partido Nacionalista Vasco. La Diputación Permanente reúne a 68 legisladores además de la presidencia del cuerpo, un esquema que altera los equilibrios y evita que la negativa de Junts resulte determinante. Sánchez busca así forzar una victoria política inmediata en plena antesala comicial.

Disturbios y reclamos en Barcelona

La crisis habitacional volvió a desbordar las calles mientras el Ejecutivo relanzaba su ofensiva legal. Una multitudinaria marcha realizada el lunes por la tarde en el centro de Barcelona culminó con severos disturbios, barricadas incendiadas y contenedores destrozados. El operativo de seguridad arrojó un saldo de trece manifestantes detenidos y una treintena de agentes policiales con heridas de carácter leve.

La convocatoria catalana se había postergado el fin de semana por un temporal y coincidió con el sorpresivo llamado a las urnas. Diversos colectivos de inquilinos ratificaron que avanzarán hacia una huelga general durante el próximo mes de noviembre, independientemente del calendario fijado por la política tradicional. Los manifestantes exigieron contratos indefinidos, fin a los abusos inmobiliarios y una rebaja drástica de las rentas mensuales.

La situación del caso testigo

La indignación social en todo el país se aceleró tras el violento desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años expulsada de su piso en el barrio madrileño de Retiro. En las últimas horas, la firma propietaria Urbagestión aceptó restituirle la vivienda que habitó por más de siete décadas tras gestiones entre el Ayuntamiento y agrupaciones vecinales. La jubilada todavía evalúa la propuesta formal tras haber salido en camilla durante el operativo policial.

El intento de la compañía por elevar el alquiler un 275 por ciento detonó una ola de repudio generalizado. Aunque la marcha atrás de la empresa alivió la situación particular de la anciana, cientos de manifestantes resolvieron mantener el campamento permanente instalado en la Puerta del Sol madrileña en reclamo de soluciones estructurales.

El tablero hacia las elecciones

El rechazo de las leyes en el Parlamento el viernes pasado había desatado la crisis política que precipitó el adelanto de los comicios. Sánchez decidió cortar la legislatura casi ocho meses antes de su término reglamentario y planteó la votación como una disyuntiva entre derechos sociales o una alianza de derecha con la ultraderecha.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el fin de la etapa gubernamental y afirmó que los ciudadanos por fin tendrán la palabra en las urnas. Las encuestas otorgan ventaja a los populares frente a los socialistas, aunque necesitarían los sufragios de Vox para alcanzar la mayoría parlamentaria indispensable.